Carta a Obispo Echarren (junio de 2000)

CON LAS REGLAS DEL JUEGO, NO SE JUEGA.

LAS REGLAS DEL JUEGO EN EL ESTADO DE DERECHO

Hemos leído en ALFA y OMEGA pág. 16, cuadernillo que adjunta ABC del día 02-03-00, una carta dirigida a profesores de Religión escrita por Monseñor D. Ramón Echarren, Obispo de Canarias. Al leer la misma hemos quedado sorprendidos por sus afirmaciones y por las sospechas que se desprenden sobre los profesores canarios. La F.E.P.E.R. (Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa) quiere aclarar muchas de esas afirmaciones y sale en defensa de los compañeros canarios y de los profesores del resto del Estado. Lo hacemos desde el respeto, desde el deseo de colaborar en la aclaración de los conceptos y desde la firmeza y libertad de quienes defendemos ante quien sea necesario nuestras justas reivindicaciones con criterios razonados.


Pasando a comentar su artículo, nadie duda que los profesores de Primaria deban cobrar sus haberes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1.998. Hemos defendido tal postura en todo momento. Pero es también cierto que a muchos profesores, desde algunas Delegaciones Diocesanas de Enseñanza, se les ha callado la boca diciendo que se olviden de ello, que en adelante van a cobrar más, que no había dinero, etc., haciéndoles sentir responsables de sus reclamaciones. Como es habitual, algunos han tenido que llevar el caso a los tribunales, como en Valencia, porque no se atendían sus reclamaciones. Allí se ha resuelto a favor de los mismos, como no podía ser de otra forma, y el juez ha dictado sentencia condenando a la Administración Autonómica Valenciana a que abone las cantidades que se reseñan y al Ministerio de Educación y Cultura a hacer efectiva su financiación. (Sent. nº 109/2000 de 01-03-00 del JS nº 12, de Valencia). ¿Le parece normal que desde 1.998 no se les haya abonado sus haberes y para hacerlos efectivos hayan tenido que recurrir a los tribunales?. Desde luego no hemos sido nosotros los que hemos mezclado estos hechos, de por sí muy graves, con la estabilidad de todos los trabajadores. Porque también los profesores de Religión de Primaria, a nuestro entender y de los jueces, tienen derecho a esa estabilidad. Si el empleador, el M.E.C.(Ministerio de Educación y Cultura), de acuerdo con la Jerarquía no arbitró en su momento las medidas oportunas para normalizar la situación del profesor de religión , pendiente desde 1.979, no se debe castigar al trabajador que ha cumplido con sus obligaciones, porque se estaría defendiendo y premiando al empresario que no cumple con las leyes. La situación de todos estos profesores de Primaria durante muchos años ha sido de economía sumergida, con un sueldo mínimo, sin Seguridad Social, sin derecho a vacaciones, sin asistencia médica, sin documento alguno por el que pudieran justificar su situación, cobrando por horas y por precio distinto según a la Diócesis a la que pertenecían y en algunos casos dentro de las mismas. Un pago que realizaba la Jerarquía en muchos casos con hasta seis meses de retraso. Lo que está claro, en nuestro ordenamiento jurídico, que todo trabajador (Las sentencias del Tribunal Supremo de 19.06.96 y 30.04.97 que crean jurisprudencia afirman la relación laboral del Profesor de Religión, o sea que es trabajador, aplicándosele el Estatuto de los Trabajadores), debe tener su contrato en regla y el empresario, el M.E.C., debe realizarlo de acuerdo a lo establecido y siguiendo el E.T., en caso contrario es de aplicación el art. 8.2: Igualmente constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas. De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa y por tiempo indefinido...

Monseñor Echarren, decir que desde el punto de vista de la moral social el tema es muy complejo al no haber hecho oposición o concurso alguno para acceder a una plaza fija, es si no una aberración sí un disloque o un desconocimiento de las normas de la Función Pública (Ley 30/1.984, modificada 23/1.988 de 28 de Julio) por las que se accede a la misma. Tenemos que aclararle que nosotros no somos FUNCIONARIOS, pero sí laborales según sentencias del Tribunal Supremo, arriba citadas, y el acceso al puesto de trabajo lo realizamos por la vía que la Ley de la Función Pública que establece en su art. 15.1.c.: con carácter general los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de otros Organismos Públicos serán desempeñados por FUNCIONARIOS PÚBLICOS, exceptúa de esa regla y posibilita su ocupación por personal LABORAL en determinados casos, entre ellos, ...y los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño, y el TS 19.06.96 en el F.J. 4º (Fundamento Jurídico) sigue: no existiendo obstáculo alguno para subsumir el supuesto de autos en esta previsión legal.

Y más concretamente, dentro del ámbito de la Función Pública Docente, la Disposición Adicional Decimoquinta nº3 de la mentada Ley 30/1.984 modificada, dispone que los puestos de trabajo docentes serán desempeñados por los funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes. No obstante, podrán desempeñarse por personal laboral -entre otros casos- los puestos que en razón de su naturaleza no se correspondan con las titulaciones académicas existentes, TS 19.06.96 F.J. nº 4, siendo claro que también cabe encajar él supuesto que se examina en esta previsión normativa. Esa es nuestra vía de acceso a la Función Pública Docente y para ejercerla nos exigen nuestras titulaciones académicas correspondientes. De ahí nace nuestra relación laboral que a nuestro entender y según muchas sentencias, 8 de ellas favorables, firmes y de obligado cumplimiento, es INDEFINIDA. Como puede verse es un tema bastante claro y en ningún caso complejo; la complejidad se le aparece a quien no quiere aplicar la legalidad. Para mayor abundamiento estos días han salido sentencias de profesores de Primaria donde también se reconoce su relación laboral indefinida. En Cáceres el juez, ya harto de tanta demora en el cumplimiento de su sentencia (ya firme) se ha visto obligado a levantar el siguiente ACTA DE JUICIO de fecha 15.03.00 que dice: Como quiera que está pendiente de habilitarse un crédito extraordinario para el pago de las cantidades consignadas en la sentencia , se fija el plazo de UN MES para hacerlo efectivo , ya que el asunto está definitivamente resuelto desde el MES DE MAYO DE l.998. Si en el plazo de UN MES no se hubieran pagado las cantidades debidas, dése cuenta para deducir testimonio de particulares los cuales serán remitidos AL JUZGADO DE GUARDIA por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal. Hágase el requerimiento personalmente a la Autoridad política que se dice. Se refiere al Excmo. Sr. Subsecretario del M.E.C., D. Hernán León de Blas y a la sentencia nº 372 de 28.05.98 que dice: debemos declarar: a) El carácter de laboral e indefinida de la contratación existente entre las partes litigantes.... No creemos hagan falta más aclaraciones, en todo caso será necesario el ejercicio sincero de la voluntad para entenderla, aceptarla, defenderla valientemente y cumplirla definitivamente.

Sigue su escrito, Mons. Echarren, cuestionando al profesor de religión con la siguiente pregunta: ¿Se puede hablar en conciencia, de un contrato basura cuando el sueldo supera ampliamente las 200.000 pesetas mensuales en Secundaria y progresivamente en Primaria?. No es casualidad monseñor que ahora salga a la palestra esgrimiendo un argumento que por pura demagogia es impresentable. El dinero. Nunca nos habrá oído en nuestras justas reivindicaciones hablar de dinero, sí de estabilidad y dignidad personal. Pero qué casualidad que desde la Jerarquía se nos eche en cara el dinero que ganamos, que no es otro que el sueldo que corresponde a nuestra categoría profesional. Desde la Delegación Diocesana de Madrid, desde la Conferencia Episcopal Española y ahora Ud., se dirigen al lector para confundirlo e intoxicarlo. Mire Ud. cuales han sido nuestras propuestas a la Conferencia Episcopal Española (C.E.E.), al M.E.C. y a la C.A.M. y, cual fue el acuerdo al que llegamos con esta última. Si lo que pretenden es buscar un enfrentamiento con otros trabajadores están Uds. confundidos, porque ellos saben que en todo trabajo se paga de acuerdo a unos cuadros económicos y según la categoría profesional. En este caso concreto ya en el año l.978 (hace ya mucho tiempo) la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 5ª del 6 de Marzo de 1.978, decidió nuestra categoría laboral. En consecuencia exigiremos que se nos abone todo lo que nos corresponde, porque es nuestro. Por supuesto que los profesores de Primaria tenían que reclamar lo que se les adeudaba pues estaban en su derecho pues cumplen con horarios y obligaciones en el Centro como cualquier otro profesor y, sin embargo, cobraban una miseria. Ahora Ud. les hace reos de sus dudas porque como los de Secundaria, en breve, también ellos serán equiparados al resto de sus compañeros. Alegría debiera darle que eso fuera así y felicitar a ese grupo de profesores que a pesar de tantas dificultades decidieron recurrir a los tribunales por su situación. Los tribunales han sentenciado a su favor y así han conseguido iniciar una normalización de su situación. Entiéndalo monseñor, en toda sociedad moderna y en la española también, existen unas leyes mínimas de derecho ciudadano y laboral. En nuestra nación hay una Constitución, existe el Estatuto de los Trabajadores (para todos, no excluye a los de Religión), una Ley de la Función Pública, etc. Esas leyes están hechas para que se cumplan en lo que llamamos Estado de Derecho. ¿No es un abuso que Uds. convengan con la Administración, a espaldas del trabajador para que todavía, tarden 4 años más en cobrar lo que les corresponde?. Ya el M.E.C. incumplió su convenio del 1.993. ¿Qué pasa con lo que se les debe? No se puede achacar la inexistencia, como excusa de la Administración, de créditos presupuestarios para la aplicación de los Convenios, pues la habilitación de los mismos no es condicionante para la existencia del derecho que se reconoce.

Para poder acceder a la Función Pública y en el desarrollo de los Acuerdos Iglesia - Estado de 1.979, existe una Orden Ministerial de 11.10.82 que concreta las exigencias que se han de cumplir. Entre ellas en su anexo art. 11 dice: Profesores titulares de Institutos de Bachillerato y Formación Profesional: Licenciatura en Ciencias eclesiásticas - Declaración eclesiástica de idoneidad. (D.E.I.) - Propuesta del Ordinario de la Diócesis, etc.

Curiosamente estas condiciones no se han exigido en muchos casos (no sabemos por qué) y ahora algunos compañeros se encuentran con dificultades porque en estos momentos se han vuelto muy celosos en el cumplimiento de las normas. Creemos que hay que arbitrar medidas para regularizar la situación de aquellos que ya llevan años en la docencia, pues si hasta ahora han estado capacitados no hay razones para negársela en estos momentos. Para colmo conocemos lugares donde en estos últimos años han entrado a trabajar sin cumplir con esos requisitos. Por eso no se puede castigar ahora al trabajador. Pónganse los medios para resolver esta situación y exíjase su cumplimiento.

Todo lo anterior nos conduce a afirmar que oficialmente tenemos nuestra condición de trabajadores con categoría profesional y pertenecientes al grupo A, con las condiciones económicas propias. Tenemos que recordarle que no es una gracia que alguien nos concede ni privilegio alguno, sino que es la consecuencia de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 1.978, por la que los profesores de Religión están equiparados a los interinos y contratados (el Gobierno, el día 26 de septiembre de 1.979, BOE nº 258 de 27 de octubre, amplió esta sentencia a todo el conjunto de profesores de religión, muchos de los cuales no habían participado en la demanda) y la O.M. 11.10.82, que desarrolló los acuerdos en su art.5º dice: los profesores de Religión y Moral católica serán contratados por la Administración con cargo a los créditos correspondientes por cuantía equivalente a la de los demás profesores de las restantes asignaturas fundamentales. Para ello ya nos exigen en su art. 4º de la misma O.M.: los profesores de Religión y Moral Católica habrán de someterse al régimen general disciplinario de los Centros tanto en régimen de dedicación como en las demás actividades docentes y complementarias que se organicen para cada año .Y para incidir más tendremos que recordarle que el art. 14 de la Constitución Española dice: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Estamos seguros de que los poderes públicos, que son nuestros empleadores, estarán a la altura que les corresponde para cumplir sus obligaciones. Por eso hemos defendido y movilizado a los profesores de Primaria. Es un derecho irrenunciable que entendemos Ud. debe defender. Es un derecho humano que vamos a ejercitar a pesar de muchas incomprensiones.
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Continúa, monseñor, en su escrito afirmando que cobramos más que la mayoría de los sacerdotes. No sabemos a qué viene aquí semejante afirmación. Nos parece que es regar fuera de tiesto. Nos vemos en la necesidad de recordarle de nuevo que somos profesionales de la enseñanza y que estamos ocupando un puesto de trabajo (lea la R.P.T. de su comunidad Canaria) con cargo a unos créditos habilitados para pagar, por el Estado, a quienes estamos resolviendo la exigencia constitucional que el Gobierno tiene con sus ciudadanos, ya que está obligado a impartir una enseñanza religiosa, no por los Acuerdos, sino porque debe cumplir con el art. 27,3 de la Constitución que le obliga a realizar una oferta de acuerdo al derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, siendo de oferta obligatoria y de libre elección por parte del alumno. Ya en el CONSIDERANDO 4º de la sentencia de 6 de Marzo de 1.978, sala 5ª se manifiesta: Que el M.E.C. está obligado a adoptar las medidas oportunas que correspondan, para que de acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica -que es lógico pensar, no obstaculizará su celebración, puesto que no tiene que soportar la carga económica, correspondiéndole una misión en cierto modo sólo tutelar- fijar con las consecuencias oportunas las remuneraciones de los tan repetidos Profesores de Religión.

Si no hubiera alumnos no habría clase de religión, ni sería necesario el profesor, así de claro. Pero mientras exista la obligación de la oferta será necesario el profesor que pueda impartir la asignatura. Los sacerdotes, que a su vez son profesores de religión, cobran los mismos emolumentos que el resto del profesorado y nos parece muy bien. El resto de los sacerdotes, que no son profesores, si tienen un compromiso con la Jerarquía ellos sabrán cual es, no seremos nosotros quienes nos entrometamos en lo que no nos corresponde, aunque, que nosotros sepamos, no tienen ninguna relación laboral con el Ministerio ni realizan ninguna labor para un Estado aconfesional.

Actualmente el 80% de los profesores somos seglares, muchos de nosotros casados y con familias numerosas y con el compromiso de cumplir con nuestras obligaciones. Por ser profesores de Religión no tenemos que castigar a nuestras familias en una sociedad con la que colaboramos pagando nuestros impuestos y de la que exigimos su justa correspondencia como con cualquier otro ciudadano. Por eso exigimos al Estado cumpla con sus obligaciones hacia el profesor.

Y qué decir del CONTRATO BASURA. Creemos que ha quedado suficientemente claro que nuestras reivindicaciones no han sido principalmente económicas, sino la exigencia de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores con la estabilidad y dignidad personal como trabajadores que se nos quiere quitar con la firma del contrato basura. Ud. como todos los Sres. Obispos de España, recibieron en el mes de octubre de 1.998 un escrito titulado, LA VERDAD NOS HACE LIBRES, donde les anunciábamos lo que se acercaba. Ninguno tuvo la valentía de contestar al mismo y según parece cumplían ordenes. Todo aquello que preveíamos se ha hecho, por desgracia, una triste realidad. Y Uds., lo han aceptado. No solamente eso, sino que desde la C.E.E. se hizo con el Gobierno del P.P. un Convenio (26.02.99) donde se ratifica ese Contrato. Los profesores encargados de la enseñanza de la religión católica a los que se refiere el presente Convenio prestarán su actividad, en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso o año escolar. Son por tanto Uds. quienes lo han firmado, sin tener en cuenta para nada al trabajador que queda a merced de la decisión de unos terceros quienes deciden, sin consulta y pasando por encima de las normas de un Estado de Derecho, sus condiciones laborales. Además pretenden que ese Convenio se aplique a todos los profesores sin tener en cuenta que la mayoría de ellos llevan en la docencia, 3 - 5 - 10 - 15 y más años . Se aplica con efectos retroactivos la Ley de Acompañamiento de los presupuestos del Estado para 1.999 de 31.12.98, que va en contra del Art. 9 de la Constitución: 1º Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2º Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos (también los de Religión, nadie nos excluye) en la vida política, económica, cultural y social. 3º La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por si eso fuera poco, durante el curso pasado, desde las Delegaciones de Enseñanza de las Diócesis se presionó para que los profesores firmáramos ese Contrato, con la amenaza de que si así no lo hacíamos se nos retiraría la confianza, o sea, la propuesta del Ordinario. De esta manera se vinculaba la propuesta del Ordinario, necesaria para poder dar la asignatura, a la firma de un contrato leonino, como ya veremos más adelante, haciéndonos sentir culpables si así no lo aceptábamos. Se vendió la imagen que de no firmar ese contrato suponía la renuncia expresa a nuestro puesto de trabajo, surgió el miedo por temor reverencial de una falta de obediencia y apareció el terror a no ser propuestos arbitrariamente. Se le obliga al trabajador con esa coacción, trabajador con antigüedad bien reconocida , a aceptar las condiciones de dicho Contrato. Ya en ese momento existían sentencias favorables y firmes al trabajador y de obligado cumplimiento. Hoy son 8. Fue tal la presión que incluso profesores con sentencia firme se decidieron a firmar el contrato contrario a su sentencia. Triste pero cierto. Increíble pero cierto.

El 27 de Octubre de 1.999 el delegado Diocesano de Enseñanza de Madrid envía a todos sus profesores de religión una carta en estos términos. Finalizado el plazo que se señale (para la firma del contrato) si hubiere algún profesor que haya decidido no firmar su contrato, no habrá nombramiento, se considerará rota la relación laboral y se comunicará al Director del Centro donde está dando clase que, por esa razón, dicho profesor deja de pertenecer al Claustro. En consecuencia, se pedirá a la Delegación Diocesana de Enseñanza que proponga otro profesor para que los alumnos/as sigan debidamente atendidos. Esto es lo que está decidido, sin que haya posibilidad alguna de negociación en este tema. Continúa: Y ciertamente, después de escucharos en la reunión del día 20, nos preocupa que algunos puedan seguir manteniendo posturas extremas de las que se sigan consecuencias irremediables que de ningún modo queremos para vosotros, pero que tampoco podríamos evitar. Qué casualidad. Solamente unos pocos nos defendimos de tanta coacción, chantaje y amenazas. Sepa monseñor, que un grupo de profesores de religión superamos ese miedo que produce la posibilidad de perder el puesto de trabajo, el miedo a las represalias si no éramos obedientes, el miedo a las arbitrariedades que pudieran producirse contra nosotros. Y así, este grupo de profesores de religión no firmó el contrato basura y demostró que sí había posibilidad de negociación de ese tema, que también se podrían evitar esas consecuencias irremediables que Uds. no podrían evitar. También se demostró que no firmar el contrato no ha supuesto quitar el nombramiento ni dejar de pertenecer al Claustro. Bien es cierto que para lograrlo tuvimos que tomar decisiones muy duras como las continuas manifestaciones, encadenamientos, huelga de hambre, etc., para sensibilizar a la opinión pública de lo que sucedía con nuestro colectivo y recordar a la C.A.M. que habíamos solicitado una moratoria con sentido común cuando la decisión estaba en manos del Tribunal Supremo.

Como sabe, todo fue posible, a pesar de las pretensiones contrarias de la Jerarquía. Todo esto se podía haber evitado si se hubiera aceptado lo que desde la F.E.P.E.R. se solicitó durante todo el año y principalmente durante el verano, que se considerara la moratoria en la puesta en marcha del contrato hasta tanto decidiera el Tribunal Supremo y, entre tanto, se formara una mesa de negociación para dialogar (decimos dialogar, no llevar todo impuesto como hizo monseñor Asenjo en la C.E.E.) con los representantes legales de los trabajadores. Lea lo que el comité de huelga pidió a la C.E.E. y a la Comunidad de Madrid y el acuerdo al que llegó con ésta. Cuando hay una acción, viene como consecuencia una reacción de signo contrario. La reacción termina cuando se quitan las causas que la motivaron. Causa y efecto. La causante de todo fue la opresión para que firmáramos un contrato contrario a derecho, que estaba subjudice y que en breve le aclararemos.

Las palabras de Juan Pablo II en el Simposio de Asís corroboraban nuestra tesis: Pido, por tanto, a las autoridades competentes que tengan a bien asegurar a los profesores de religión lo que les es debido en el plano incluso jurídico e institucional. Es eso lo que en el ejercicio del derecho de todo trabajador hemos reclamado al M.E.C.. Que cumpla y aplique las sentencias firmes de los tribunales; ¿Le parece humano que profesores con titulaciones de Licenciado, con la declaración eclesiástica de idoneidad, la propuesta del Ordinario para dar la asignatura, tengan que estar ellos y sus familias en la continua incertidumbre de sí en el nuevo curso escolar va a seguir con su puesto de trabajo dependiendo de la arbitrariedad del Ordinario o Delegado/a de turno?. ¿Que, porque no le gustan los juicios ni tan siquiera en las películas, pueda cuestionar y amenazar con la pérdida de su puesto de trabajo a quien ha demandado al M.E.C. por incumplimiento de sus obligaciones laborales?. ¿Acaso por ser profesores de religión hemos perdido las obligaciones y derechos en nuestra nación donde el Estado Constitucionalmente es aconfesional?. Con todo ello no hacemos más que defender nuestra dignidad como personas. La exhortación apostólica CHRISTI FIDELES LAICI en su nº 37 deja bien clara la importancia de la dignidad de la persona humana por encima de otras consideraciones.

¿Por qué CONTRATO BASURA?.

El contrato presentado a la firma comienza en estos términos: Contrato de trabajo de duración determinada ... ¿Cómo puede decir que éste contrato no es basura si el mismo se inicia olvidando que estos trabajadores en su inmensa mayoría llevan años en la docencia?. ¿Además, desprecia el art. 15º del E.T., que establece una indudable preeminencia de la duración indefinida de la contratación laboral y que solo admite la contratación temporal cuando concurra alguna de las causas que justifiquen la temporalidad que a su vez incardinan en alguna de las modalidades de contratación temporal prescritas en el propio E.T., toda vez que el Derecho Laboral Español no acepta la contratación de duración determinada de carácter atípico?. ¿Cómo no es basura un contrato que debe reputarse en fraude de ley por pretender transformar y enmascarar la relación laboral anterior, y efectuado especialmente para dar de alta en la Seguridad Social, sin responder de la falta de alta en todos los años anteriores, (STJ de Galdar, Gran Canaria, 31.01.00)?. No nos diga que no conoce la sentencia de su propia Diócesis. ¿A qué jugamos?. ¿Se quieren olvidar de los servicios prestados en claro abuso del empleador? Está muy clara nuestra relación laboral (TS.19.06.96 y 30.04.97).Y esta relación corresponde al derecho interno al que también se remite la Iglesia canonizando las leyes civiles (Canon 22 - 231 - 1.274 - 1.286 y 1.290 del Código de Derecho Canónico). Por otro lado se exige su firma con URGENCIA cuando el Tribunal Supremo estudia sentencias contradictorias para unificación de doctrina respecto al vínculo laboral indefinido.

Por tanto, por parte del M.E.C., se toma unilateralmente la decisión de obligar al profesorado de religión a la firma del contrato, sin esperar a la decisión judicial. La Jerarquía apoya tal decisión y pone un gran énfasis en su obligatoriedad comunicando la grave situación en que quedará ese profesor. Y para forzar más la situación vincula su propuesta (venia para dar la asignatura) a la firma de ese contrato que se presume en fraude de ley y que se realiza, con efectos retroactivos, contra el art. 9,3 de la Constitución. ¿Qué nos dice a este respecto?. ¿Dónde están los Derechos Humanos?. ¿Dónde queda la libertad de los hijos de Dios?. ¿Es que merma nuestra capacidad educadora, no tienen validez nuestras licenciaturas, nuestra pedagogía, etc., el hecho de que no aceptemos estas condiciones laborales impuestas por un empleador que incumple sus obligaciones en un Estado de Derecho?.

Ese contrato pretende pagar por horas a personas que tenemos actualmente una nómina de horario completo. Es decir pretende crear otra situación distinta a la anterior olvidando la relación laboral nacida con vocación de continuidad.

Pretende además, al comienzo del siglo XXI, que dicho contrato quede resuelto sin necesidad de denuncia o preaviso. Al más puro estilo neoliberal. Y que nosotros lo aceptemos.

Tenemos que perder toda memoria histórica y renunciar a los años de servicio olvidándonos de nuestra antigüedad (hay quienes llevan hasta 22 o más años de servicio). ¿Esto es lo que quiere la Jerarquía Española para los profesores de religión en la Escuela Pública?. ¿Y cómo es que ella, en la enseñanza privada (muchas Escuelas o Institutos pertenecientes a ella y financiadas con dinero público, como las concertadas) tiene a los profesores de religión con contratos indefinidos?. Lo que Uds. no hacen en sus escuelas quieren que lo haga el M.E.C. manteniendo la precariedad?. ¿Acaso la Escuela pública por no ser Uds. los titulares no tiene la misma capacidad y no ha de dotársela con los mismos medios?. No entendemos semejante dicotomía. ¿Ud. Sí?.

Lo que ya es inadmisible es que firmemos nuestra aceptación de que podemos perder nuestro puesto de trabajo por la decisión arbitraria del Ordinario. Cualquier persona tiene derecho a defenderse menos nosotros. Lea el Canon 1.290 del C.D.C, donde se afirma que: Lo que en cada territorio establece el derecho civil sobre los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud del derecho canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra cosa, quedando a salvo el c.1.547 que dice: en todas las causas se admite la prueba testifical bajo la dirección del juez. El Estatuto de los Trabajadores, en el mismo sentido, en su art. 49 dice: El contrato se extinguirá entre otras, por causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario. O sea, por razones objetivas o causas objetivas legalmente procedentes.

No podemos aceptar y firmar que a la finalización del contrato (hay quien lleva 25 años cotizando) no procederá indemnización alguna.

Aceptamos como cualquier otro profesor pertenecer al Claustro de profesores, quedando sujetos al régimen disciplinario de los centros educativos públicos.

Desde que iniciamos los de Secundaria, nuestra prestación de servicios hace ya bastantes años, estamos en la Seguridad Social, nos han descontado de nuestros haberes las cantidades correspondientes y pertenecemos al claustro. Pedimos que a los profesores de Primaria que por incumplimiento del empleador no fueron dados de alta, en su momento, se les reconozcan esos derechos. En otro caso se daría una manifiesta indefensión del trabajador en favor del empresario. Algunos tribunales ya lo están entendiendo así. Qué triste que hayan tenido que recurrir a los tribunales a pesar de numerosas amenazas.

No queremos decirle lo que nos parece la 14ª cláusula. Firman Uds. un Convenio el día 26.02.99, a nivel nacional y otro en Madrid el 22.03.99, en la que los trabajadores no estamos representados legalmente, en claro desprecio a la normativa laboral vigente, y quieren obligarnos a los que llevamos años en la enseñanza a que nos olvidemos todos los años entregados a la docencia. Siguiendo esta línea nos presentan para que firmemos y aceptemos, además, que por el presente contrato quedemos excluidos del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid. Nada más, ni nada menos. Y Uds., forzándonos por todos los medios posibles a firmar esos contratos. ¿Cómo lo ve Sr. Echarren?. A nosotros se nos pone una cara de interrogación cuando vemos tanta barbarie. Esta situación produjo en todos nosotros miedo, pánico y terror. Terror = miedo, espanto o pavor de un mal que amenaza o de un peligro que se teme. Así lo define el diccionario. Nos preguntamos: ¿Ud. firmaría este contrato?. Pues muchos lo firmaron por miedo... Y muchos lo firmaron con una nota de disconformidad. ¿Cree que todo esto encaja con la dignidad que toda persona por ser tal se merece?. ¿Acaso por ser profesores de religión no estamos en las mismas condiciones que los demás en cuanto a la relación laboral?. ¿No se han de aplicar en los mismos los Derechos Humanos Universales, la Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores y la Doctrina Social de la Iglesia?. ¿Habrá algún Sindicato que no esté dispuesto a defender a un trabajador tan maltratado?. Parece que sólo tenemos obligaciones y ¿los derechos para cuando?. ¿Y Uds., vinculan su propuesta a la firma de este contrato?. ¿Supeditan la calidad de la persona a la aceptación incondicional de esta firma?. Hasta ahora eran dignos, a partir de sus acuerdos ya, esos mismos profesores, pierden venia. ¿Serán capaces de proponer a otro profesor para ocupar el puesto de aquel que en conciencia y en el ejercicio digno de sus derechos se niega a firmar?. ¿Qué hacen Uds. cuando algún juez dictamina sentencia contraria a sus intereses?. Recurren y se defienden. ¿Se atreverán a negarnos ese mismo derecho a los profesores.?

Y continúa su escrito: ¿se puede hablar, sin matices, de injusticia social, cuando han accedido al puesto de trabajo directamente y de modo fundamental, debido al hecho de cumplir unos requisitos que están más en la línea de la fe y de la pertenencia a la Iglesia, que de una preparación profesional propiamente dicha? ¿Cómo se puede decir a estas alturas semejante barbaridad, tratándose de la Escuela Pública?. No mezclemos Catequesis y Enseñanza Pública.

Sr. Obispo, la Escuela Pública también tiene unos grandes profesionales, profesores de distintas materias y los profesores de Religión no podemos ser menos, ni queremos ser menos ni seremos menos por motivos religiosos. Es nuestra obligación tener el mayor grado de profesionalidad que nadie, hasta ahora, pone en duda. La calidad de la enseñanza así nos obliga, los alumnos así lo demandan y no podemos defraudar a los padres. Por favor, nosotros no damos Catequesis (hay muy buenas personas dándolo, en las Iglesias, pero no se les exige la profesionalidad deseada, quizá por otros motivos), pero los profesores de Religión en Centros Públicos debemos ser unos auténticos profesionales para cumplir con nuestra función docente que no es otra que informar y enseñar a los alumnos (muchos de ellos no practicantes) sobre el hecho cristiano y en particular el católico en el contexto del hecho religioso global. Por ello el trato que por parte de la Administración ha de recibir el profesor de Religión es el mismo que el resto del profesorado, dejando siempre claro que ellos son funcionarios con sus características propias. No minimice al profesor de religión pues siguiendo en esa línea flaco favor hace a la asignatura. Cuesta tanto entender, o mejor dicho qué razones ocultas existen para no entender que el Estado (que es quien paga, quien nombra y quien está obligado, constitucionalmente a ofrecer la asignatura) debe atender también a sus profesores de Religión, como hace con el resto del profesorado que le pertenece y como se hace con los profesores de Religión en la Escuelas privadas, muchas de ellas con titularidad de la Iglesia. ¿Cómo se puede ocultar que hay ya 8 sentencias favorables, firmes y de obligado cumplimiento que antes o después se ejecutarán?. Si nos hubiéramos callado, posiblemente, los profesores de Primaria hubieran sido AUTÓNOMOS. Eso era lo que se pretendía con ellos, eso era lo que convinieron el año 1.993. Nos tuvimos que oponer y solicitar su relación laboral por cuenta ajena. Las demandas obtuvieron eco en la justicia que en más de 200 sentencias confirmó su situación laboral. Ahora, después del informe de la Tesorería de la Seguridad Social, donde afirma que estos trabajadores, profesores de religión de primaria, no pueden ser otra cosa que trabajadores por cuenta ajena, después de la decisión del M.E.C. para dar de alta en la Seguridad Social, resulta ser un éxito logrado por Uds. Por eso se nos criticó tanto y Ud. sabe mucho de eso. A este paso dentro de unos pocos días la huelga de hambre, del mes de Noviembre, la habrán hecho Uds.

Sigue su artículo: ¿Cómo asegurar que si el gobierno les da una plena estabilidad, que no se aferrarán al puesto de trabajo aun en el caso de que no cumplan las condiciones de idoneidad, ortodoxia, ortopraxis, etc.?. Sr. Obispo, nos da la sensación de que estamos bajo continua sospecha. Nadie puede negar, que pueda darse el caso de un profesor que no actúe como deba ser, pero creemos que esa sospecha, no puede condicionar a todo el colectivo. También en la historia de la Iglesia ha habido Obispos indignos, pero no se ha puesto a todos bajo sospecha. Lo normal es utilizar las medidas a su alcance para cesar a dicho profesor. Sabemos que son difíciles, pero a cada uno nos toca actuar con responsabilidad en los momentos precisos, aunque nos es más fácil eludir esa responsabilidad haciendo dejación de nuestras obligaciones. En consulta realizada a la C.E.E. sobre posibles casos de despido por esas razones, nos dijeron que no tenían conocimiento de ninguno. Nosotros somos los primeros interesados en que el colectivo sea consecuente con lo que explica de la Religión Católica, pero eso no debe condicionar a todo el colectivo. Siempre hemos manifestado nuestro apoyo a la cláusula resolutoria para el cese del profesor de acuerdo con una sociedad moderna con el respeto para todas las partes implicadas. La empresa debe exigir el cumplimiento académico, la Iglesia mantiene la cláusula resolutoria por la que pueda solicitar la retirada de la propuesta, siguiendo el art. 49 del Estatuto de los Trabajadores, por razones objetivas, sin arbitrariedades, elevando el correspondiente expediente y garantizando al trabajador su propia defensa. Esto es lo normal en un Estado de Derecho que cumple con la Resolución de los Derechos Humanos.

Quedan otros puntos muy importantes a los que daremos cumplida respuesta más adelante, con el ánimo de aclarar la situación. Para cualquier consulta nos tiene como siempre a su entera disposición


Por la F.E.P.E.R.
Presidente: Luis Guridi

Acompañan al escrito 12 firmas de los presidentes de asociaciones federadas.

Madrid Junio 2.000