Centro de Estudios Políticos Centro de Estudios Políticos EDUCACIÓN EN VALORES. IDEOLOGÍA Y RELIGIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO DE ENSEÑANZA

CEPC

Centro de Estudios Políticosy Constitucionales

JORNADAS EDUCACIÓN EN VALORES. IDEOLOGÍA Y RELIGIÓN EN ELSISTEMA PÚBLICO DE ENSEÑANZA

Coordinador: Antonio López Castillo (UAM)18 y 19 de Octubre de 2006

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

I. Sesión vespertina: Miércoles, 18 de octubre

Presentación16:00-16:30

Presentación de las Jornadas: José Alvarez Junco, Directordel Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, unrepresentante del Ministerio de Educación y Ciencia y Antonio López Castillo (UAM).

 

Ponencias

16:30-17:00 Alfonso Ruiz Miguel (UAM, Madrid): La escuela de (libertady) ciudadanía: educación, escuela y ciudadanía.

17:00-17:30 Luis Prieto Sanchís (UCLM, Toledo): La escuela (comoespacio) de tolerancia: multiculturalismo y neutralidad.

17:30-18:00 Dionisio Llamazares (UCM, Madrid): Modelos de enseñanzade religión (e ideología) en la escuela pública: una perspectivacomparada.

18:00-18:30 Pausa - café

18:30-20:00 Mesa Redonda: Valores, principios y conductas en la escuela:a propósito de la comunidad escolar y de su proyecciónfamiliar y social en el sistema público de enseñanza.-Moderador: Alfonso Fernández-Miranda (UCM, Madrid)-Participantes: Pedro María Uruñuela Nájera (SubdirectorGeneral de Alta Inspección, MEC) y ponentes.Centro de Estudios Políticos y ConstitucionalesPlaza de la Marina Española, 9. 28071 Madridwww.cepc.esCEPC

II. Sesión matutina: Jueves, 19 de octubre

Ponencias

9:30-10:00 José Alvarez Junco (Director del CEPC): Enseñanza yvalores identitarios: el uso del pasado y los modelos parael futuro.

10:00-10:30 Antonio López Castillo (UAM, Madrid): A propósito delfundamento constitucional de la enseñanza (confesional)de la religión en el sistema público de enseñanza).

10:30-11:00 Fernando Savater (UCM, Madrid): Ética universal(ista) yotras historias (de) formativas del espíritu nacional(ista).

11:00-11:30 Juan López Martínez (MEC, Madrid): Educación para laciudadanía: de las propuestas iniciales al proyecto encurso.

11:30-12:00 Pausa – Café.

12:00-13:30 Mesa Redonda: Derecho y Moral en la selección ydesempeño de la función docente del profesorado dereligión (católica) y educación para la ciudadanía en elsistema público de enseñanza.- Moderador: Juan José Solozábal Echavarría (UAM,Madrid).- Participantes: Luis Guridi y ponentes.

13:30 Clausura de las Jornadas: Representante del MEC

 

JORNADAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

EDUCACIÓN EN VALORES, IDEOLOGÍA Y RELIGIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO DE ENSEÑANZA.

18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2006

Muchas gracias al Centro por habernos dado la oportunidad de presentar en este foro la situación tanto de la asignatura de religión católica como del profesorado que la imparte y hacer propuestas concretas para la definitiva solución de ambos.No cabe duda que la situación del profesor de Religión está dando, en la actualidad, un cambio muy importante y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Son varias las razones que han provocado esta nueva realidad. Cuando el año 1979 se firman los Acuerdos Iglesia-Estado Español, el profesorado se componía de un 80% de clérigos y un 20% de laicos en enseñanza Secundaria, y un porcentaje de quizá el 85% de maestros funcionarios y un 15%, digamos de suplentes laicos, en Primaria.Durante estos años que se han sucedido desde entonces hasta el día de hoy, se ha producido en la sociedad española un cambio, haciéndose más plural y quizá más secularizada en sus formas de pensar, de vivir y de entender la religión. En este tiempo se modifica, radicalmente, la composición de los profesores de religión pasando a un 80% de laicos y un 20% de clérigos en Secundaria . En Primaria, pasa a un 5% de maestros funcionarios frente a un 95% de profesores laicos de religión. Todo esto hace cambiar totalmente las necesidades y está obligando a modificar paulatinamente las condiciones de trabajo acomodándose a las nuevas circunstancias. Los profesores de religión son ciudadanos de un Estado Social y Democrático de Derecho, ACONFESIONAL, cuya convivencia está regulada por nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1.978. Hablamos de las clases de Religión y sus profesores en la ESCUELA PÚBLICA, financiada por el conjunto de la sociedad sean o no creyentes, y no en la “escuela privada” con su ideario propio. No olvidemos que las clases de religión en la Escuela Pública existen en cumplimiento del art. 27,3 de la C.E. y se regulan por los Acuerdos y Convenios firmados con distintas Confesiones religiosas. Para cumplir con esta obligación el Estado, a falta de personal especializado para impartir la enseñanza de la religión, acude a las distintas confesiones religiosas solicitando personal preparado y aceptando al personal que esas confesiones proponen. De esta forma, y en conformidad con la Ley de la Función Pública (B.O.E. de 3 de agosto de 1.984, reformada en 1.988 art. 15.1.c.), acceden los profesores de religión a la función pública como docentes, personal laboral de la Administración. Las sentencias del T.S. confirman la relación laboral del profesor de religión con la Administración y no con la Jerarquía aunque en el estadio previo al nombramiento se exija la Propuesta del Obispo, la Titulación Académica y la D.E.I. No existe otra forma de relación laboral. Además, los Acuerdos sobre enseñanza de 1.979 entre el Estado Español y la Santa Sede, dicen: que la Administración nombrará “entre aquellos propuestos por el Obispo...” de donde se desprende la posibilidad, necesidad e incluso obligatoriedad de una selección objetiva por parte de la Administración, de acuerdo con los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Condición ésta que no ha cumplido la administración todavía.Hay que aceptar que una vez concedida la propuesta y siguiendo la Orden Ministerial de 11.10.82 de desarrollo de los Acuerdos, el profesor pasa a depender laboralmente de la Administración , relación laboral que nace con vocación de permanencia, debiendo someterse al régimen general disciplinario de los Centros, tanto en régimen de dedicación como en las demás actividades docentes y complementarias que se organicen para cada curso. Dichos profesores serán contratados por la Administración con cargo a los créditos correspondientes por cuantía equivalente a los demás profesores de las restantes asignaturas fundamentales (Ley Pertierra). Por otro lado, la organización de los Centros depende directamente de la Administración y a participar de ella y a someterse a ella se les remite constantemente. La clase de Religión tiene como finalidad el formar, enseñar e informar a los alumnos (muchos de ellos no practicantes, no bautizados o de otras confesiones religiosas) sobre el hecho cristiano en el contexto del hecho religioso global. Es la presentación del mensaje y del acontecimiento cristiano de forma que haga posible la síntesis entre la fe y la cultura (Orientaciones Pastorales. 11.06.79. Nº 19) No es, por tanto, dar catequesis, ni evangelizar ni mucho menos hacer proselitismo. La clase de Religión en Centros Públicos corresponde a la Sociedad, a través del Estado y va dirigido a todos los alumnos, que la soliciten, independientemente de sus creencias. El beneficio del trabajo realizado por estos profesores es para la Sociedad a través de la Administración, que así cumple con el mandato constitucional, y en ningún caso para la Iglesia. Recordemos que estamos en un Estado aconfesional y en Centros Públicos y no Privados. La catequesis tiene como finalidad el conformar la personalidad creyente del catequizando, de madurar en la pertenencia a la Iglesia. En conducir a la fe. Su ámbito es la Iglesia.La catequesis: corresponde a la Iglesia y va dirigida a catecúmenos y creyentes. El beneficio de esa trabajo lo recibe la Iglesia con sus nuevos miembros. La Administración (no la Jerarquía), en cumplimiento de sus funciones, debe exigir los requisitos previos (titulación académica, D.E.I., conformes al nivel correspondiente y la propuesta para enseñar del Obispo). Dentro de las necesidades de enseñanza y de acuerdo con las solicitudes la Administración debe nombrar las personas necesarias para cubrir los puestos de trabajo en los Centros y los horarios ajustados por las directivas. Como cualquier otro trabajador, éste deberá entregar su solicitud de puesto de trabajo en la Consejería de Educación presentando la necesaria documentación. De entre las distintas solicitudes, por concurso y baremación, se elegirá la persona más adecuada para ejercer la enseñanza. Los que no hayan sido seleccionados quedarán para cubrir vacantes por enfermedad, accidente, maternidad, excedencias, liberados sindicales, etc. La Administración con competencias en Educación es “ la que recibe el beneficio de su trabajo por ser el destinatario de los servicios que le presta este personal; planifica, organiza y controla el trabajo; ejerce la potestad disciplinaria y son de su cargo todos los gastos que con ello se ocasione y, sobre todo, es el obligado a remunerar a este profesorado”, (S. TS. S.4ª 03.05.2000) entre otras. La propuesta, entendemos que es un requisito más para obtener el puesto de trabajo. Es un privilegio concedido a la Jerarquía como continuación de un sistema anterior del Nacional-Catolicismo, en unos Acuerdos cuasi pre-constitucionales. La propuesta no es vinculante para la Administración, ni es una “missio canónica”, ni un mandato, ni un tiene una función como evangelización o cumplimiento de una labor pastoral. En cualquier trabajo, por ejemplo, el INEM o cualquier E.T.T. propone a unos trabajadores para un puesto de trabajo que solicita la Empresa y ésta exige unas condiciones que los posibles trabajadores han de presentar. El Empresario elige según su currículum al que cree más idóneo para cubrir la plaza que ofrece. Una vez iniciado el trabajo hay un tiempo de prueba, superado el cual, el trabajador si continúa en el mismo va generando unos derechos por el que al tiempo, según lo establecido, si el Empresario quiere prescindir de sus servicios deberá enfrentarse a lo estipulado en el E.T. y deberá dar las razones objetivas para su despido. Bien es cierto que al Empresario al momento de seleccionar una persona no se le exige razón alguna que justifique su elección, la Administración deberá cumplir con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, pero para evitar los abusos de poder, coacciones, etc., se le exige en el momento del despido las razones objetivas para su despido. El trabajador se hace acreedor con el tiempo a unos derechos. Con el cumplimiento de todos estos principios básicos evitaríamos las actuales situaciones que provocan el amiguismo, la arbitrariedad, el capricho, el nepotismo, las amenazas, las coacciones, las represalias, el acoso moral por la pérdida del trabajo (recordemos el terror que se creó cuando se vinculaba la firma de los contratos “basura” a la posibilidad o no de la propuesta, que podía suponer la falta de un requisito para ser nombrado por la autoridad académica, y que este verano se ha dado de nuevo), el chantaje, el servilismo, el miedo, el terror, el temor reverencial, la obstrucción sindical, la obediencia ciega de hacer lo que se le obligue en contra de su voluntad violentando la propia volunmtad, la tentación del proselitismo, el adoctrinamiento, la obligación de dar catequesis, etc.Todo lo anterior supone por parte del M.E.C. y de las distintas Administraciones Autonómicas con competencias transferidas, la aceptación de estos profesores como miembros del claustro, cuya profesionalidad debe ser como la de cualquier otro profesor, así como las condiciones de trabajo. Esta profesionalidad habrá que respetarla en cuanto va dirigida a unos alumnos en período de formación, en cuanto se imparte en un lugar físico (colegios e institutos públicos) y a una relación de convivencia con otros docentes de otras asignaturas. De ahí el mismo trato en cuanto a condiciones de trabajo, pago de haberes y sometimiento al régimen general disciplinario. La asignatura de la religión católica. Todos conocemos cómo se confeccionaron los Acuerdos y cuando se firmaron. Más o menos en una situación de pre-constitucionalidad. Siendo su ratificación el 3 de diciembre de 1.979.?Los Acuerdos son consecuencia de una anterior etapa del Nacional-Catolicismo creado en un ambiente de reformas cautelosas para no herir a las fuerzas fácticas. Así continuó el mismo sistema de selección de profesorado, de horarios, siendo las Delegaciones diocesanas las encargadas incluso de fijar los horarios de los profesores, el número de horas y determinar los puestos de trabajo. Así mismo la confección de los libros de texto ETC. Durante mucho tiempo se ha discutido sobre la conveniencia o no de las evaluaciones y ha sufrido distintas situaciones según los gobiernos de turno. Antes por supuesto era asignatura obligatoria para todos los alumnos e incluso se realizaban prácticas religiosas obligatorias para todos ellos. Desde luego no entraremos en esa discusión, pero sí de acuerdo con la Constitución Española y de la lógica docente podemos ver algunas situaciones que en ningún momento pueden permitirse. Recuerdo a un profesor que solía repetir: lo que no se evalúa, se devalúa. Si se ha de dar una asignatura, sea cual fuere, ésa debe evaluarse correctamente y con los mismos medios y exigencias que las demás, pues en todo caso va en detrimento del Centro, del orden y de la categoría del mismo. Un equilibrio tiene que valorar todas estas cuestiones no de menor importancia, aunque a algunos no les agrade o tengan determinadas fobias por tal o cual asignatura. Si se da, se da con todas las consecuencias. También en consecuencia a sus profesores se les ha de exigir la preparación adecuada y su deontología propia, su profesionalidad contrastada y han de entrar por los mismos métodos en la docencia. Los privilegios son mala consejera. Los textos se han realizar acorde a la edad a la que se pretende que lleguen esos conocimientos y no con un sentido de proselitismo que hoy en día todos aborrecemos. Estamos en un Estado Aconfesional, por lo tanto la enseñanza pública debe ser en ese aspecto respetuosa con todas las distintas mentalidades. Sabemos que ha habido abusos, libre de ellos no hay nadie, pero hay que extremar la vigilancia y poner los medios necesarios para que eso no ocurra. En un Estado ACONFESIONAL hay que ser dignos de merecerse el respeto y sentirse respetado por los demás. Y sobre todo huir como de una plaga del intento de adoctrinamiento y proselitismo. Poco favor haríamos a la Escuela si no supiéramos distinguir y conseguir la separación de todo ideario en la escuela pública. Y esto vale para todo tipo de ideales. La Escuela debe ser centro de amistad, de trabajo, de compañerismo y artífice de todos los valores posibles de los niños. Lugar de encuentro. Quizá algunos no han sabido desprenderse de unos privilegios, que se rememoran con añoranza, pero el objetivo escolar debe superar esas dificultades si realmente estamos convencidos de la importancia de la Escuela en la formación integral de la persona. Después de la L.O.E. la situación no ha variado, pues ante la presión de la jerarquía el M.E.C. ha dejado la situación laboral en manos de ella, y de nuevo se están dando las tropelías que tanto hemos denunciado, el impuesto revolucionario etc. y la asignatura corre por caucesdesconocidos. Por parte del MEC. Parece que algunas Instituciones hacen de la opresión ejercicio del poder y de la legalidad y en su nombre y en su defensa se cometen atropellos y atrocidades. En muchas ocasiones las garantías, reglas del derecho y los derechos de los ciudadanos están en función de los intereses de las Instituciones fuera de los ciudadanos y no coincidentes con sus necesidades. En este caso no creemos existan dudas sobre la aprobación de la Ley y de su entrada en vigor el día 24 de Mayo. Si alguno duda puede entrar en la Pag. WEB de feper.org. y asegurarse de la misma o acudir al B.O.E. La L.O.E. duerme el sueño de los injustos. Sin embargo otros intereses inconfesables han hecho que se retrase la misma y sigan los trabajadores como si la misma no existiera, con presiones, amenazas y arbitrariedades por parte del MEC y de la Jerarquía.Pero ahora se repite una cantinela muy curiosa para justificar esta situación: que es necesario que salga un Real Decreto para su desarrollo. Qué cinismo. La Ley tiene efectos y derechos individuales que no pueden ir contra ellos, por lo tanto su puesta en marcha de los derechos subjetivos es de aplicación inmediata. ¿Necesita el Estatuto de los Trabajadores desarrollarse o ya es en sí mismo un desarrollo? Y si no a los hechos nos remitimos. Por parte del MEC no se han realizado las liquidaciones correspondientes con el pago correspondiente a la gratificación de Navidad como se venían realizando en años anteriores, porque lógicamente no hay finiquito y en consecuencia hay un contrato continuado con la modificación automáticamente de aquello que no esté conforme con el Estatuto de los Trabajadores como es el contrato a tiempo determinado en aquellos que lleven más de tres años o lo determinado en los Convenios únicos de cada Comunidad Autónoma. Curiosamente los que más están obligados a cumplir la Ley y exigir su cumplimiento, el Gobierno por ser la máxima autoridad y poder ejecutivo del Estado de “DERECHO” y la Jerarquía Católica cuya labor ejemplarizante y autoridad moral de la que tanto alardea debiera manifestarse en obras, se la saltan a la torera. Es un flagrante incumplimiento de la propia Ley. Por el poder de los que así actúan y por el miedo lógico de quines sufren, a pesar de sus protestas, este curso se ha saldado con el incumplimiento de la Ley y con circunstancias de verdadera arbitrariedad. Como ciudadano, pero consciente de la injusticia machacona y testaruda, me revelo con mis escasas fuerzas a admitir que el ordenamiento jurídico se vulnere tan normalmente y se siga aplicando una Ley derogada por la fuerza del poder. ¿Alguien puede entender que una Ley del máximo rango no se aplique y ejecute por quien está obligado a hacerlo y debe ser el garante de su ejecución? Lógicamente nos entran unas dudas impresionantes ¿qué habrá detrás de todo ello para tamaño desfalco? Las contestaciones a esta interrogante pueden ser miles y todas ellas razonables mientras no se nos aclaren las profundas razones que algunos sí lo sabrán aunque sean inconfesables. En esta sociedad de “DERECHO” parece que las normas jurídicas escritas dicen lo que al poder político del momento quiere o le conviene que diga. No importa ni el espíritu ni el desarrollo en su tramitación en las Cortes, así manifestó un alto cargo del MEC no hace mucho, o sea el poder es la ley. ¡Pobre derecho! ¡Pobre estado de presunto derecho! Ahora aparece constantemente en la prensa que el M.E.C. y la Jerarquía están tratando sobre la relación laboral de los profesores de religión o sea que la Administración a sabiendas (prevaricación) incumple la propia Ley donde dice La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesorado.” y permite su discusión con un elemento extraño no representativo. Aunque lleguen a los mejores acuerdos para el profesor éste no puede aceptar esos acuerdos pues se producen en un marco de ilegalidad manifiesta y eso supondría consagrar “los privilegios” respecto a otros trabajadores. Por parte de la Jerarquía eclesiástica. A la enseñanza moral de la Iglesia pertenece el derecho a un trabajo estable, a un salario justo y a una vivienda digna. Tales derechos se ven hoy vulnerados entre nosotros, en los profesores de religión. La Jerarquía eclesiástica se ha opuesto frontalmente a la aplicación de la Ley. Nunca ha querido aplicar el E. de los Trabajadores a las relaciones laborales de este colectivo. Además a sabiendas de que no es parte en la relación laboral, ha utilizado el poder fáctico y ha presionado por todas las vías posibles a los partidos políticos, al Gobierno y al MEC para que no cumplan con la nueva Ley. Y a fe que lo ha conseguido, lo que dice muy poco a favor de esas instituciones que se han dejado utilizar y manipular por la Jerarquía sabiendo que todos estamos obligados a cumplir la Ley y algunos además deben ser los ejecutores y deben velar porque se cumpla. Estos colectivos saben que ellos, principalmente el Gobierno no solamente debe acatar sino ser el guardián de su cumplimiento y poner todos los medios para que se ejecute en todos sus términos. Pero lo más delirante son las manifestaciones de la Jerarquía en contra de la Adicional 2ª puesto que siempre achaca a que no se cumplen los Acuerdos pero nunca, y digo bien nunca, dice en qué no se cumplen los Acuerdos. Pues nosotros y todos los partidos que votaron esta Ley sabían muy bien que esta nueva Ley en nada iba contra los Acuerdos, eso sí se cumplían de esta manera las Directivas Europeas y la Constitución Española en cuanto a la relación laboral de este colectivo. Por eso, nunca aceptaremos, las cortinas de humo que propaga la Jerarquía para confundir y siempre estaremos dispuestos a ver, juzgar y actuar en consecuencia, si se nos manifiesta dónde, cuándo y cómo va esa Ley contra los Acuerdos. Entre tanto, lucharemos contra los que no cumplan con la Ley. La Jerarquía junto con el M.E.C. son la causa principal de este incumplimiento. Los sindicatos, algunas asociaciones y la Plataforma, creada por la Jerarquía, se adhieren por causas ajenas a los trabajadores en una clara dejación de sus obligaciones. ¿Quién pierde con todo esto? Los profesores trabajadores en la enseñanza pública y la asignatura. POSIBLES SOLUCIONES. En estos casos lo fácil suele ser decir a todo que no, llevar la contraria en todo y profundizar en las heridas. Por nuestra parte hace años, desde 2.001 intentamos proponer soluciones. En este momento y viendo los resultados después de la L.O.E. reiteramos, y siempre abiertos a posibles mejoras, reiteramos el plan sobre la asignatura de religión que desde F.E.P.E.R. propusimos al P.P. y que también hemos propuesto al actual Gobierno a través del M.E.C. y que ha tenido un amplio consenso entre los profesores, políticos, partidos políticos, teólogos, jueces y ciudadanos Últimamente se ha vuelto a suscitar la polémica como consecuencia de diversos casos que han removido situaciones de disconformidad que están latentes aunque hayan permanecido ocultas. Por un lado la Jerarquía, que no conforme con la situación de la asignatura en la actualidad insiste en reforzarla profundamente y, por otro, aquellos que no quieren su presencia en la Escuela y que entienden que esta injerencia de la Jerarquía no corresponde a un Estado social y democrático de Derecho y por lo tanto supera el marco de la Constitución Española. No clarificar y dar solución adecuada a este debate actual, sería esconder la cabeza bajo el ala y dejar a la sociedad española sin una respuesta digna como lo está solicitando, y sin desarrollar la propia Constitución Española. Por otro lado, la realidad diaria ha saltado a los Medios de Comunicación por la gravedad de la situación laboral de los profesores que imparten la asignatura de Religión y Moral católica, que se encuentran en una situación de precariedad laboral absoluta, con una grave situación de indefensión y tratados como ciudadanos a quienes no cabe aplicar la Constitución Española ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ser profesores de religión. Esto no es más que la punta del iceberg de una muy grave situación que cada día aparece mucho mas profunda. Además, se están dando cada vez más casos problemáticos con personas que profesan otras religiones o confesiones y que o no encuentran acogida en nuestro país o no son capaces de acomodarse a esta nueva realidad. No cabe duda que con la inmigración actual existente estos problemas van a ir en aumento en lugar de disminuir si no somos capaces de arbitrar medidas coherentes y a tiempo. Este flujo migratorio está suponiendo un cambio en lo social y religioso ya que gran parte de esta inmigración la constituyen personas de diferentes confesiones religiosas como islámicos, evangelistas y otras religiones que, aunque todavía no son muy numerosas, pueden tener una gran influencia en los asentamientos donde se concentran. Todo ello nos obliga a reflexionar y buscar soluciones eficaces para conseguir una integración total y poder convivir con dignidad y respeto. No podemos negar que es una realidad evidente a la que hay hacer frente. Además, en la sociedad española se ha producido un profundo cambio, haciéndose más plural y quizá más secularizada en sus formas de pensar, de vivir y de entender la religión. España pasó de ser un país oficialmente católico, recordemos la identificación Estado - Iglesia Católica hasta el año 1.975, a ser un país “aconfesional” donde la libertad de culto ha sacado a la luz la realidad de la falta de práctica religiosa por un lado y, por otro, la adhesión de ciudadanos españoles a otras religiones. Ha resucitado la “cuestión religiosa” por la involución eclesial que utilizando las posibilidades que facilita la democracia ha querido aprovecharse en su propio beneficio. Los grupos laicistas creen que ha llegado el momento de parar esa marcha. En estos momentos el Tribunal superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria tiene elevadas al Tribunal Constitucional la friolera de 14 cuestiónes de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de 1.990 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, en la redacción dada a la msima por la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales , Administrativas y del Orden Social y contra los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre la Enseñanza y Asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1.979 entre el Estado Español y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1.979, por eventual vulneración de los artículos de la Constitución Española: 9,3 Respeto a la ley – Garantías jurídicas. 14 Derechos y Libertades. 16,3 Libertad ideológica y religiosa. 20,1 Libertad de expresión. 23,2 Derecho de participación. 24,1 Protección judicial de los derechos. 28,2 Libertad de sindicación y derecho de huelga.103,3Administración pública. Sometimiento a la Ley. La Ley regulará… No cabe duda que en estos momentos el problema suscitado es muy grave y en consecuencia necesita de una respuesta clara, concreta e integradora, puesta en marcha con una capacidad creativa de gran altura. Conseguir concretar unas soluciones dignas, respetuosas con todos y acercar las distintas y opuestas posturas es un reto que es necesario abordar. Ante este difícil panorama, la F.E.P.E.R. quiere colaborar, por el bien de nuestros alumnos y de toda la ciudadanía, presentando este breve estudio de motivaciones y propuestas. ASIGNATURA DE RELIGIÓN Algunos principios para una de “Conocimiento sobre creencias (religiones) e increencias (laicismo, ateismo, agnosticismo etc.) en la sociedad”. 1. Nuestra vida social de convivencia está regulada por nuestra Carta Magna, la Constitución de 27 de diciembre de 1978 (B.O.E. 29-XII-1978) y las leyes que la desarrollan. 1.1. Estamos en un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (art. 1.1), en el que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” , pero, “los poderes públicos... mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (art. 16.3). 1.2. El artículo 23.2 de la Constitución exige que “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad...”, pide el art. 103.3 de la Constitución. La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por Ley 23/1988, de 2 de julio, lo concreta en el Artículo 19.1. “Las Administraciones Públicas seleccionan su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. (...)”. El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado (BOE, 10-IV-1995), en su artículo 4.1. dice:“El ingreso del personal funcionario se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso-oposición o concurso libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. La oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y, excepcionalmente, del concurso”. Art. 15.1º.c: “”Con carácter general lo puestos de trabajo de la Administración del Estado y de otros Organismos Públicos serán desempeñados por FUNCIONARIOS PÚBLICOS, exceptúa de esta regla y posibilita su ocupación por PERSONAL LABORAL en determinados casos, entre ellos, …”y los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño”, y el T.S. en sentencia de 19.06.96 en su Fundamento Jurídico nº 4º sigue: “ no existiendo obstáculo alguno para subsumir el supuesto de autos en esta previsión legal”. A.D. 15, 1º Y más concretamente, dentro del ámbito de la Función Pública Docente, la Disposición Adicional Decimoquinta n13 de la mentada Ley 30/1.984 modificada, dispone que Alos puestos de trabajo docentes serán desempeñados por los funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes. No obstante, podrán desempeñarse por personal laboral -entre otros casos- los puestos que en razón de su naturaleza no se correspondan con las titulaciones académicas existentes@, 2. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (art. 27.2 de la Constitución). 3.- Las clases de religión confesional en la escuela pública existen según la interpretación y desarrollo del art. 27.3 de la Constitución Española de 1978: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Es un derecho de los padres o tutores y los alumnos la que hace que haya clases de religión y no los Acuerdos con las distintas confesiones religiosas.4.- El artículo 16.3 de la C.E. se materializa en los distintos Acuerdos del Estado Español con distintas confesiones religiosas: Acuerdos con la Santa Sede, firmados en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, se ratifican el 4 de diciembre y el Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales se publica en el B.O.E. del 15 de diciembre de ese año. Acuerdos de Cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España (Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, BOE 12-XI-1992). Dada la neutralidad del Estado y para garantizar el derecho de los padres, son las confesiones religiosas que han firmado Acuerdos de Cooperación, las que señalan los contenidos propios. 5.- Aunque los contenidos, los determinan las Iglesias o Confesiones, en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, (B.O.E. 26-I-1995) (RCL 1995,225) por el que se regula la enseñanza de la religión, deja muy claro que “Los libros y materiales curriculares de la enseñanza religiosa deberán respetar en sus textos e imágenes los preceptos constitucionales y los principios a que se refieren el articulo 2.3. de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo” (art. 4.2.). 6.- La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (B.O.E. 24-VII-1980) desarrolla los artículos de la Constitución sobre este tema. Recordemos algunos artículos: 1.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. (...) 2.1.a. La libertad religiosa y de culto garantizado por la Constitución comprende... Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna... (...) 2.1.c Recibir e impartir enseñanza a información religiosa de todo índole...; elegir para sí, y para los menores no emancipados..., dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. (...) 7.1. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad , establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobaran por Ley de las Cortes Generales. Y no está de más recordar que “el ejercicio de los derechos dimanantes de la Libertad Religiosa y de Culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamenteles...” art. 3.1. de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. 7.-El objeto de la enseñanza religiosa no es hacer proselitismo, ni catequesis, ni adoctrinar, ya que es una asignatura como las demás, entre otros porque tiene que cumplir, como las demás materias, con los principios que señala el art. 2.3. de la LOGSE: a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales... b) La participación y colaboración de los padres o tutores... c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu critico. e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.(...) h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.(...) j) La relación con el entorno social, económico y cultural. k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.” 8.- Es enseñanza porque es posible evaluar los conocimientos sin adoctrinamiento: “En la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria la evaluación de la enseñanza de Religión católica se realizará a todos los efectos, de acuerdo con la normativa vigente, del mismo modo que la de las demás áreas o materias del currículo, haciéndose constar en el expediente académico de los alumnos las calificaciones obtenidas” (art. 5.1. del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, B.O.E. 26-I-1995, por el que se regula la enseñanza de la religión). 9. Además, la enseñanzas religiosas “se realizan en condiciones pedagógicas y materiales iguales a las de las demás restantes disciplinas, especialmente, en lo concerniente a métodos y medios de enseñanza” (TS. Sala 4º. Sentencia 03–05-2000). 10. Todos los aspectos organizativos de la materia corresponden a la Autoridad Educativa. Para evitar las situación actual que todos aborrecemos, para que no se reproduzca nunca más, para realizar el mandato de la Constitución Española, que no es otro que mantener un ESTADO ACONFESIONAL, y con el fin de continuar, mejorar y actualizar un consenso que se inició el año 1978, teniendo en cuenta los profundos cambios producidos en la sociedad española, creemos que es necesario arbitrar unas medidas coherentes con la Constitución Española, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Libertad Religiosa en un Estado Aconfesional. Es el debido respeto que nos merece la ciudadanía española la que nos mueve a realizar la siguiente APUESTA POR: 1º.- Una asignatura de “Conocimiento de las creencias(religiones) e increecias(laicismo) en la Sociedad”, única, obligatoria, común y evaluable a todos los efectos. Una futura asignatura de religión/religiones debería ser coherente con la Constitución Española, con la Ley de Libertad Religiosa y demás legislación. Debería ser una asignatura: - que garantice el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, creencias e increencias. - que garantice el derecho de todos los ciudadanos a una información rigurosa, científica, pedagógica, didáctica... sobre las religiones o no religiones. - que sea una asignatura para todos, que no separe o segregue a los alumnos por credos o increencias. - que sea una materia con el mismo rigor que las demás. - que sea una asignatura evaluable como las demás. 2º.- Los contenidos de la misma, en lo referente a las Religiones o Confesiones con notable arraigo en España que tengan firmados Acuerdos o Convenios de colaboración con el Estado Español, los fijarían las distintas Confesiones religiosas, siendo aprobados por las Autoridades Educativas Públicas, una vez comprobado que dichos contenidos son conformes con los valores, principios, derechos y libertades constitucionales. De forma: - que facilite la convivencia entre visiones plurales de la vida. - que elimine la injerencia de Instituciones o personas ajenas a la Administración Educativa en los ámbitos propios de la misma. - que evite, teniendo en cuenta la aparición de otras Religiones en la actualidad, y las que han de aparecer más adelante, según los flujos migratorios previsibles, la multiplicidad de optativas de clases de Religión con lo que esto supondría para la organización de los Centros. 3º.- Para acceder a la docencia de esta asignatura, se realizaría, en un primer momento, un concurso-oposición restringido, o habilitando a los actuales profesores de Religión de los Centros Públicos, como colectivo a extinguir, según compromiso del Consejo de Ministros del año 1.988. De tal manera que en el futuro estos profesores, de “Conocimiento de las…”, dependieran como el resto del profesorado de los Centros, de la correspondiente Administración Educativa. Este colectivo sería un colectivo a extinguir. Siendo este profesorado insuficiente para cubrir las necesidades de los Centros, se habilitarían, entre tanto se iniciaran las oposiciones para el personal especializado en esta asignatura, a profesores de Filosofía e Historia, que paulatinamente dejaría paso a los nuevos profesores surgidos de las oposiciones correspondientes, porque en adelante todo nuevo profesor entraría por oposición como el resto del profesorado exigiéndosele para serlo: la Titulación en Ciencias de las Religiones, el C.A.P. y haber superado las correspondientes OPOSICIONES o sea por mérito, capacidad, igualdad y publicidad. FINAL.- Creemos que esta solución aportaría numerosas ventajas, sería coherente con la Libertad Religiosa y garantizaría el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Facilitaría la convivencia y eliminaría, prácticamente, todos los problemas que se están padeciendo en la actualidad y los que sin duda han de presentarse por la históricamente llamada “cuestión religiosa”. VENTAJAS: 1 º.- Se cumpliría plenamente la Constitución en los Art. 16 y 27, sin que pudiera entrar la tentación de interpretarla unilateralmente. 2º.- Eliminaría la injerencia de Instituciones o personas ajenas a la Administración Educativa. 3º.- Evitaría la precariedad del trabajador-profesor de religión y la vulneración de la C.E., así como la Declaración Universal de Derechos Humanos. 4º.- Se evitaría, teniendo en cuenta la aparición de otras Religiones en la actualidad, y las que han de aparecer más adelante, según los flujos migratorios previsibles, la multiplicidad de optativas de clases de Religión, con lo que esto supondría para la organización de los Centros. 5º.- Se conseguiría la optimización de los recursos tanto humanos como económicos. 6º.- Esta opción también evitaría, a buen seguro, la creación de guetos en las escuelas por razón de la religión o confesión que se podrían producir al dividir las aulas en grupos distintos por cada religión o por el interés proselitista de cualquiera de los profesores. 7º.- Se conseguiría una integración mayoritaria de todos los alumnos al estar en la misma aula, conociendo y entendiendo lo que sus compañeros conocen y entienden, respetando y siendo respetados, creando una convivencia que desde niños es mucho más fácil conseguir. Se crearían puentes de tolerancia y una visión amplia del fenómeno religioso. Se ama y entiende lo que se conoce. Este conocimiento sería un vehículo extraordinario de integración y comunicación. 8º.- Creemos que los ciudadanos merecen que hagamos este esfuerzo, algunos, no cabe duda, mayor que otros. Pero cediendo todos y con la voluntad, real y práctica de integrarnos todos, podremos conseguir una sociedad, libre y solidaria, para el beneficio de la persona y su dignidad, que es al fin de lo que se trata. Estamos hablando de la Enseñanza de la Religión en CENTROS PÚBLICOS financiados por el conjunto de la Sociedad en un Estado aconfesional. Esperamos que ha la vista de todo ello se inicien medidas para de una vez y por todas dar solución a esta situación de interinidad constante de las Leyes de Educación en beneficio de una enseñanza asentada en la dignidad de la persona humana. Luis Guridi Bernardo Madrid, 19 de octubre de 2.006 Vicepresidente de F,.E.P.E.R. 27 de octubre de 2006. (P.D.) P.D. Me informan en estos momentos que los sindicatos U.G.T. Y CC.OO. ( no sabemos si alguno más) en reunión mantenida esta mañana en el M.E.C. han recibido el borrador del Real Decreto de La L.O.E. Ni a F.E.P.E.R., ni a otros sindicatos se les ha llamado a dicha reunión y por supuesto no se nos ha entregado el borrador. Parece ser que hay una próxima reunión para tratar del tema. Se incumple con ello la Adicional Tercera, o sea la Ley que trata sobre el profesor de religión. O sea no se ha consensuado con los representantes de los profesores. Y claro no se llama a los representantes genuinos de los profesores que han sido los que han luchado en la defensa de sus derechos. De esta manera el consenso está garantizado. Premio a la falsedad y las marrullerías. Vaya estado de presunto Derecho.