El Constitucional monta un cirio

REPORTAJE

El Constitucional monta un cirio

La Asociación de Profesores de Religión de Extremadura considera "un varapalo" la reciente sentencia de este tribunal

27/02/2007 E. B. regionextremadura.elperiodico.com

En clase Jesús Losada imparte clases en un instituto cacereño.
Foto:RUFINO VIVAS

Para unos avala la vulneración de los derechos fundamentales de un colectivo y pone en entredicho la laicidad del Estado. Para otros no es es más que una muestra de sentido común. El pasado 15 de febrero el pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvía no admitir una cuestión de inconstitucionalidad sobre los acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979 y que regulan, entre otros aspectos, la contratación de los profesores de Religión para impartir esta materia en centros públicos. La cuestión había sido presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el proceso por el despido de María del Carmen Galayo, una profesora a la que el obispado le retiró su confianza por mantener una relación sentimental con alguien que no era su marido.

"Es un varapalo bastante serio. Acaba con las esperanzas que teníamos de que el TC pusiera unos límites dentro del derecho laboral español. Esto va a hacer que los obispos se crezcan mucho", lamenta Jesús Losada, profesor de Religión desde hace más de dos décadas y que preside la Asociación de Profesores de Religión de Extremadura. Este colectivo agrupa a alrededor de una cuarta parte de los 600 docentes de Religión que desarrollan su labor en Extremadura.

Losada, que habla de "talibanismo" en la sentencia, argumenta que el Constitucional mezcla lo que es la vida personal del individuo con sus tareas profesionales "y eso nos parece que es anticonstitucional y que pone en peligro la separación entre Iglesia y Estado". De la misma forma, critica que desde el Gobierno se haya visto con buenos ojos la resolución del TC. "Muy laicos en algunas cosas, pero con los profesores de Religión, más clérigos que ninguno".

Este docente, indica que, "aunque no hay casos tan sangrantes como en Andalucía o Canarias", la situación en Extremadura "no es más permisiva, pero se lleva con más sutileza, tanto por parte de la Administración como de los obispados". Y pone un ejemplo: "Por mantener una relación, que no era ni de convivencia, con una persona separada, a una profesora se le amenazó con despedirla, y luego tuvo que conformarse con un cambio de centro y a media jornada. Ha tenido que aceptar y callarse". Asegura que en este colectivo hay mucho temor, por lo que no salen a la luz las situaciones que puedan generar "escándalo".

Postura opuesta

Una visión muy diferente tiene Tomás Viñuela, que preside la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales (Apprece). Afirma que la sentencia "en absoluto es inconstitucional" y considera "coherente" que sean los obispados quienes determinen las condiciones para poder impartir clases de Religión. En este sentido, recuerda que "esta profesora", en referencia a María del Carmen Galayo, "conocía estos requisitos cuando comenzó a impartir las clases y los aceptó". Para el máximo responsable de Apprece --la asociación más representativa a nivel nacional pero que no cuenta con afiliados en Extremadura-- la solución a este problema pasa por convertir a los profesores de Religión en funcionarios, algo que se ha hecho en otros países como Italia: "Si algún profesor no recibe la confianza del obispo, el Estado asume a ese trabajador y se le destina a otra tarea para la que esté preparado", indica.

La sentencia del TC también ha sido recibida con satisfacción en la Iglesia. El obispo de Málaga y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Dorado, subrayó el pasado viernes que "Cuando un obispo propone a una persona para impartir religión, no sólo se fija en que sabe muy bien la teoría, sino en que también es buen cristiano y que va a transmitir la enseñanza de la Iglesia".

Fermín Muñoz, delegado episcopal de Educación en el Obispado de Mérida-Badajoz, explica que, además de capacitación científica y pedagógica, la iglesia "exige un tercer punto, el testimonio de vida cristiana" y que los tres ingredientes deben mantenerse mientras el docente esté impartiendo estas clases.